LIMA (AP) — Indígenas amazónicos peruanos de una zona fronteriza con Ecuador invadida por la minería ilegal mantienen retenidos por cuarto día a tres policías y un civil peruanos, así como a otros cinco civiles ecuatorianos a quienes acusan de ser mineros ilegales, informó el lunes un líder indígena.
“Estas personas llevaban maquinaria para practicar la minería ilegal y por eso los hemos detenido porque contaminan y envenenan nuestros ríos”, dijo por teléfono a The Associated Press Kefren Graña, secretario adjunto del gobierno territorial autónomo de la nación Wampís, grupo que representa a 16.000 indígenas que viven en condiciones de pobreza en los distritos Río Santiago y Morona, limítrofes con Ecuador.
Graña indicó que no soltarán a los retenidos a menos que las autoridades se comprometan con desalojar al menos 35 dragas de grupos de mineros ilegales que succionan los sedimentos del fondo de los ríos Morona y Santiago en busca de oro. Las dragas están prohibidas por ley, pero los indígenas afirman que la fuerza pública no los protege, pese a sus reclamos.
El dirigente indígena señaló que por años las autoridades del gobierno en Lima les han reclamado evidencias concretas sobre sus repetidas quejas desatendidas acerca de que algunos miembros de las fuerzas de seguridad están implicados en la minería ilegal que extrae oro de los ríos contaminando con mercurio las aguas que beben y donde viven los peces que son un elemento base de su alimentación.
“Aquí hay una prueba concreta”, dijo Graña, un maestro de escuela de 57 años que se convirtió en líder comunitario. Los policías y civiles fueron detenidos el jueves cuando se trasladaban en dos botes por el río Santiago al frente de la comunidad de Villa Gonzalo. Se encuentran en una casa de la comunidad donde reciben comida, agua e incluso les han permitido llamar por teléfono a sus familiares.
El gobierno envió temprano al viceministro del Interior Juan Santivañez y el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García, para dialogar con los indígenas quienes no llegaron a la comunidad por fuertes lluvias, confirmó a la AP el área de prensa del Ministerio del Interior.
El remoto territorio donde vive el pueblo Wampís es más grande que Jamaica y ya vivían en esa zona antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, según datos del ministerio de cultura de Perú.
Los indígenas sienten que al vivir en zonas remotas de un país históricamente centralista no pueden presentar con facilidad sus quejas ante las autoridades de la lejana capital. Para llegar a Lima pueden demorar más de 33 horas en una ruta que incluye viajes en buses y botes que surcan los ríos.
En febrero, cansados de la inacción estatal, confiscaron dragas, mangueras, motores y combustible para la minería y detuvieron a siete mineros, pero tras cuatro días los liberaron porque ni la policía de Santa María de Nieva, la capital provincial, ni la fiscalía quiso viajar a la zona, distante a tres horas en bote.
La acción de los indígenas provocó una fuerte advertencia en marzo del comandante de un batallón del Ejército quien les indicó a los líderes nativos que, de continuar interviniendo a personas en el río, iban a ser intervenidos, con apoyo de la policía.
Los altos precios del oro a nivel mundial, que superan los 2.340 dólares la onza, impulsan la minería ilegal, según las autoridades. Los indígenas afirman que la minería ilegal atrae a otras economías ilegales en la zona como la tala de madera, la trata de personas y el narcotráfico.
Perú produce alrededor de 100 toneladas de oro por año, pero otras 40 toneladas se producen de forma ilegal e informal, según cálculos del ministerio de energía y minas.